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Martes, 19 de Marzo, 2024
EuropaResiliencia de la UE: Acuerdo político para reforzar la resiliencia de las entidades críticas

Resiliencia de la UE: Acuerdo político para reforzar la resiliencia de las entidades críticas

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La presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político sobre la directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas.

Ahora continuará el trabajo a nivel técnico para finalizar el acuerdo provisional sobre el texto legal completo. Este acuerdo está sujeto a la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo antes de pasar por el procedimiento formal de adopción.

Esta directiva tiene como objetivo reducir las vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia física de las entidades críticas. Se trata de entidades que prestan servicios vitales de los que depende el sustento de los ciudadanos de la UE y el buen funcionamiento del mercado interior. Deben poder prepararse, hacer frente, protegerse, responder y recuperarse de desastres naturales, amenazas terroristas, emergencias de salud o ataques híbridos.

El texto acordado hoy cubre entidades críticas en una serie de sectores, como la energía, el transporte, la salud, el agua potable, las aguas residuales y el espacio. Las administraciones públicas centrales también estarán cubiertas por algunas de las disposiciones del proyecto de directiva.

Los estados miembros deberán tener una estrategia nacional para mejorar la resiliencia de las entidades críticas, realizar una evaluación de riesgos al menos cada cuatro años e identificar las entidades críticas que brindan servicios esenciales. Las entidades críticas deberán identificar los riesgos relevantes que pueden interrumpir significativamente la prestación de los servicios esenciales, tomar las medidas adecuadas para garantizar su resiliencia y notificar los incidentes disruptivos a las autoridades competentes.

La propuesta de directiva también establece normas para la identificación de entidades críticas de especial importancia europea. Una entidad crítica se considera de especial importancia europea si proporciona un servicio esencial a seis o más estados miembros. En este caso, los Estados miembros podrán solicitar a la Comisión que organice una misión de asesoramiento o ella misma podrá proponer, con el acuerdo del Estado miembro de que se trate, evaluar las medidas adoptadas por la entidad de que se trate para cumplir con las obligaciones relativas a la directiva

Antecedentes

La Comisión Europea presentó una propuesta de directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas en diciembre de 2020. Una vez adoptada, la directiva propuesta sustituirá a la actual directiva sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas, adoptada en 2008.

Una evaluación de 2019 de esa directiva destacó la necesidad de actualizar y fortalecer aún más las reglas existentes a la luz de los nuevos desafíos que enfrenta la UE, como el aumento de la economía digital, los crecientes impactos del cambio climático y las amenazas terroristas. La actual pandemia de COVID-19 ha demostrado en particular cuán expuestas pueden estar las infraestructuras y sociedades críticas a una pandemia y el alto nivel de interdependencia que existe entre los estados miembros de la UE, así como a nivel mundial.

Junto con la directiva propuesta sobre entidades críticas, la Comisión también presentó una propuesta de directiva sobre medidas para un alto nivel común de ciberseguridad en toda la UE (NIS 2), cuyo objetivo es responder a las mismas preocupaciones sobre la dimensión cibernética. El Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo sobre esta propuesta en mayo de 2022.

En septiembre de 2020, la Comisión presentó una propuesta de Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA), que reforzará la seguridad informática de entidades financieras como bancos, compañías de seguros y empresas de inversión. Su objetivo es asegurarse de que el sector financiero en Europa es capaz de mantener operaciones resilientes a través de una severa interrupción operativa. El Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo sobre esta propuesta en mayo de 2022.

Los Estados miembros deberán garantizar una implementación coordinada de los tres textos legislativos.

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