Por James Blears
El obispo Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, había criticado el cierre de cinco estaciones de radio católicas por parte del gobierno, y luego intervino la policía.
Le impidieron a él y a seis sacerdotes católicos salir de su residencia e ir a la Catedral cercana a celebrar la Misa.
Los agentes de policía han establecido barreras que impiden que las personas entren o salgan libremente.
El obispo Álvarez y otras 12 personas han estado atrapadas en su residencia desde el jueves.
“Nos dijeron que estamos bajo arresto domiciliario”, dijo el obispo Álvarez durante una misa el sábado que transmitió en las redes sociales desde su casa en Matagalpa.
Acusaciones de incitación a la violencia
Las autoridades nicaragüenses, que reciben órdenes del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tienen poca tolerancia con cualquier voz crítica o disidente. Más de 150 líderes de la oposición están bajo llave.
La policía acusa al obispo Álvarez de utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para incitar a actos de violencia y desestabilizar el país, y dicen que están preparando cargos formales.
Está apelando a las autoridades para que detengan este acoso, solicitando que se respete la libertad religiosa.
Impedido físicamente de ir a la Catedral el jueves, el obispo de 55 años se arrodilló en la acera para dar la bendición eucarística, diciendo: “Celebramos el Santísimo Sacramento en la calle, porque Jesucristo es el Señor de Nicaragua”.
La Unión Europea dice que esta acción policial es arbitraria y otra violación de los derechos humanos, así como de la libertad religiosa.
Esfuerzos de mediación
La Iglesia ha estado tratando de actuar como mediadora buscando el diálogo para resolver el empeoramiento de la crisis de Nicaragua, que comenzó con protestas antigubernamentales generalizadas en 2018, que fueron reprimidas.
Daniel Ortega, de 76 años, fue nuevamente reelegido en noviembre pasado, luego de que se prohibiera la participación de candidatos de la oposición y se los encarcelara.
En marzo, el Gobierno declaró al entonces Nuncio Apostólico en Nicaragua, Arzobispo Waldemar Stanisław Sommertag, persona non grata y lo expulsó.
Nicaragua llamó entonces a su Embajador ante el Vaticano.
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