A lo largo de la Bahía de Bengala y rodeando el Mar de Andamán se encuentra la República de la Unión de Myanmar. Es el hogar de 54 millones, con 135 etnias. En 2017, hubo ataques generalizados, bien planificados, coordinados y violentos contra los rohingya perpetrados por el ejército birmano. La violencia militar continúa hoy ya principios de este mes se extendió a la población cristiana con el bombardeo de un seminario bautista.
Tras el último golpe de Estado el término tatmadaw, que en birmano significa "Fuerzas Armadas Reales", se utilizó para describir el ejército actual en Myanmar, también fue el nombre utilizado para la Birmania precolonial gobernada por una monarquía. Algunos birmanos consideran que Tatmadaw no solo es incorrecto sino también ofensivo. Creen que la palabra es demasiado buena para el ejército de Min Aung Hlaing, que no es más que un grupo de hombres armados que matan a su propia gente, por lo que no hay nada de "real" en las acciones del ejército actual de Myanmar.
Tras la violencia contra los rohingya, que es una minoría mayoritariamente musulmana que vive en el estado de Rakhine, los rohingya huyeron del país en masa. En solo dos áreas de Bangladesh, unas 943,000 personas se están refugiando. Un campo de refugiados, el sitio de expansión de Kutupalong-Balukhali, alberga a más de 635,000 refugiados.
En marzo de 2022, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, declaró oficialmente que los ataques violentos contra los rohingya son un genocidio. En esos comentarios, dijo: “Si bien la determinación actual de genocidio y crímenes de lesa humanidad se centra en los rohingya, también es importante reconocer que durante décadas el ejército birmano ha cometido asesinatos, violaciones y otras atrocidades contra miembros de otras minorías étnicas y religiosas. grupos Los informes de estos abusos están muy extendidos; están bien documentados. Han ocurrido en estados de Birmania. Esa historia y la determinación que estamos tomando hoy son fundamentales para comprender la crisis actual de Birmania”.
Tras la declaración del genocidio, se presentó un caso en la Corte Internacional de Justicia contra Myanmar, y EE. UU. y otras naciones están trabajando para que el gobierno rinda cuentas por sus actos atroces.