El Relator Especial Ashwini KP, dijo al final de una misión de investigación de 12 días, que los miembros de grupos raciales y étnicos marginados en Brasil -incluidos los de ascendencia africana y los de grupos indígenas- están experimentando “manifestaciones generalizadas de racismo sistémico, como legados del colonialismo y la esclavitud”.
Esta forma de racismo, dijo, ha persistido desde que se formó la nación a pesar del activismo constante y valiente de quienes están siendo discriminados.
Reconocer la discriminación
La Sra. KP elogió al Gobierno brasileño por reconocer que la discriminación racial era una cuestión sistémica y por promulgar varias leyes y reglamentos firmes para combatirla.
Sin embargo, “la vida de los afrodescendientes, los pueblos indígenas, los quilombolas y los romaníes está marcada con demasiada frecuencia, en muchos casos de forma irreparable, por una violencia y una exclusión racial endémicas”, afirmó el experto.
Señaló violaciones de derechos hacia los grupos indígenas y quilombolas, incluida la brutalidad policial, encarcelamientos masivos, exclusiones culturales y políticas y más.
"La gravedad de la situación exige la máxima urgencia. Una acción audaz y transformadora para desmantelar el racismo sistémico no puede esperar”, afirmó la Sra. KP.
Justicia e igualdad
El Relator Especial pidió al Gobierno que reconozca, enfrente y aborde las causas profundas, los factores históricos y las disparidades regionales que perpetúan el racismo y los desequilibrios de poder.
Hizo hincapié en la necesidad de un enfoque de justicia reparadora y señaló que existen “lagunas significativas” en la implementación de leyes y políticas para reducir efectivamente la injusticia racial.
“Aquellos de orígenes raciales y étnicos marginados ya han esperado demasiado por la justicia y la igualdad”, dijo la Sra. KP. “Hay vidas que dependen de una acción más audaz e inmediata."
También pide al Gobierno que asigne más recursos a actividades contra la discriminación racial y acelere el ritmo del cambio.
Los Relatores Especiales son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos servir a título individual, independientemente del sistema de las Naciones Unidas y de los gobiernos nacionales. No son empleados de la ONU y no reciben salario.