En un acto que demuestra una falta de respeto por los derechos humanos, el gobierno turco encabezado por el presidente Recep Tayyip Erdogan ha llegado a un nuevo nivel al detener a 15 adolescentes de entre 13 y 17 años. Esta acción ha provocado la condena de los defensores de los derechos humanos y de los observadores internacionales, que lo ven como parte de una supresión más amplia de las libertades civiles en Turquía.
Las jóvenes habrían sido detenidas para obligarlas a declarar contra sus hermanos y padres, acusados de tener vínculos con Hizmet, un movimiento social que el gobierno de Erdoğan ha tildado de grupo terrorista. Esta conducta ha suscitado críticas y se considera una campaña dirigida contra opositores y personas consideradas disidentes de las autoridades.
Los críticos afirman que el gobierno de Erdogan está socavando los derechos de su pueblo al utilizar tácticas de intimidación para intimidar a las familias vinculadas a los partidarios del movimiento Hizmet. Enes Kanter, ex jugador de la NBA y destacado defensor de los derechos humanos, derechos humanos – llamó la atención recientemente sobre este preocupante patrón y contó cómo el arresto de su padre en un intento de reprimir sus críticas lo afectó personalmente. Esto muestra las medidas extremas que toma el régimen para reprimir la disidencia.
El 7 de mayo se produjo un incidente en el que la policía detuvo a unas niñas en Estambul siguiendo órdenes del fiscal para que reunieran información, lo que resultó ser una falsa declaración y un trato injusto hacia las menores, ya que fueron tratadas como delincuentes sin acceso a representación legal y sufrieron coerción psicológica, lo que contradice las normas jurídicas internacionales y turcas. Las directrices de las Naciones Unidas subrayan la importancia de tratar a los niños testigos y víctimas con compasión, sin embargo, este aspecto del trato se ignoró descaradamente en este caso.
El Ministerio de Justicia en Turquía Según datos recientes, el país tiene antecedentes de acusar a menores de delitos de terrorismo. Casi 20.000 niños han sido juzgados en los últimos años, según los registros oficiales. derechos humanos Grupos como Amnistía Internacional han destacado repetidamente la preocupación de que Turquía hace un mal uso de la legislación antiterrorista para reprimir a organizaciones civiles y disidentes; estas acciones han sido señaladas por las Naciones Unidas como posiblemente equivalentes a crímenes contra la humanidad.
El acoso continuo es más que una violación de las libertades personales; también debilita los cimientos de las familias y las comunidades al aislar a personas inocentes del tejido social. Las acusaciones contra estas mujeres surgen en su mayoría de actividades cotidianas, como apoyar a su comunidad y participar en iniciativas educativas que las autoridades calificaron injustamente de actos de terrorismo.
La comunidad internacional debe presionar al gobierno para que dé respuestas que impidan que estos graves abusos de los derechos humanos se conviertan en algo habitual. Es fundamental que se lleve a cabo una investigación que supervise estas detenciones. Quienes defienden los derechos humanos advierten que no exigir responsabilidades por estas acciones sólo servirá para que la administración de Erdogan siga restringiendo aún más las libertades de sus ciudadanos.
El movimiento Hizmet se inspira en las enseñanzas de Fethullah Gulen. Se centra en la educación y en fomentar el diálogo entre las distintas religiones, al tiempo que promueve las iniciativas humanitarias. Aunque está imbuido de una ética, el gobierno turco lo ha acusado de ser el autor intelectual del golpe de Estado fallido de 2016, una acusación que carece de pruebas concretas y que es ampliamente debatida. En respuesta a esta agitación, la administración de Erdogan inició una operación de represión dirigida a los sospechosos de tener afiliaciones con Hizmet. Esta represión incluyó el cierre de instituciones educativas, medios de comunicación y otros establecimientos, así como la detención de decenas de miles de personas.
La comunidad mundial ha expresado enérgicamente su desaprobación del historial de Turquía en cuestiones de derechos humanos; recientemente, informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional han resaltado casos de mala conducta, como detenciones injustas y limitaciones de la libertad de expresión; además, la Unión Europea y los Estados Unidos han dado la voz de alarma sobre la aplicación por parte de Turquía de medidas antiterroristas para silenciar las voces de la oposición.
El sistema jurídico de Turquía ha sido objeto de escrutinio por su aparente falta de autonomía, ya que numerosos jueces y fiscales han sido sustituidos por personas afines a la agenda del gobierno. Esta situación ha dado lugar a un sistema que con frecuencia prioriza la agenda del partido gobernante por encima de la administración de justicia y la defensa de los principios jurídicos. El encarcelamiento de menores y la extracción de testimonios forzados representan violaciones de las normas jurídicas turcas y mundiales.
La comunidad internacional debe escuchar el llamamiento de Enes Kanter a la unidad y a la adopción de medidas contra estas prácticas. Es a través de esfuerzos internacionales unidos que podemos abordar este grave problema y salvaguardar los derechos de los ciudadanos de Turquía, especialmente los de los jóvenes afectados por esta agitación política. Es fundamental que el mundo esté atento a los acontecimientos y garantice que el gobierno turco siga respondiendo de sus actos.