Desde la caída de Saddam Hussein en 2003, Irak ha experimentado una brutal y compleja reestructuración de su panorama religioso y político. Tras décadas de marginación, los chiítas, que constituyen la mayoría de la población, han llegado al poder y tomado el control del Estado. Pero en lugar de lograr la unidad y la estabilidad prometidas, este ascenso al poder ha dejado al descubierto una profunda división dentro del propio chiismo. Dos visiones se encuentran cada vez más enfrentadas, pintando imágenes completamente divergentes del futuro del país. Una es radical y ortodoxa, influenciada por Irán y el modelo teocrático de Wilayat al-Faqih, que otorga a los líderes religiosos preeminencia sobre los políticos. La otra es liberal y reformista, heredada de la tradición de Nayaf, que afirma la primacía del estado civil y la ley sobre el dogma clerical.
La corriente radical-ortodoxa tiene sus raíces en el marjaismo, una doctrina que sitúa a los grandes ayatolás en el centro de la vida espiritual y, en ocasiones, política de los fieles. Los ecos de la revolución islámica iraní de 1979 tuvieron un profundo impacto en una parte del clero iraquí, que veía el modelo de Jomeini como un instrumento de poder y organización tras décadas de marginación. La influencia de Teherán, impulsada por redes religiosas, financieras y militares, ha permitido que esta línea dura se arraigue en la sociedad iraquí. Tras la invasión estadounidense y la caída del régimen baazista, el auge de los partidos chiítas afines a Irán, sumado a la debilidad de las instituciones y la exclusión de amplios sectores de la población sunita, creó un espacio donde el radicalismo echó raíces.
La creación en 2014 de las milicias Hashd al-Shaabi, con el objetivo de combatir la rápida expansión de Daesh, amplificó esta dinámica. Si bien su papel militar fue decisivo para salvar Bagdad y muchos territorios chiítas, estas fuerzas nunca se limitaron a su propósito inicial. Se transformaron en actores políticos que influyen en las instituciones, en potencias económicas que controlan sectores enteros de la economía paralela y en intermediarios directos de la influencia iraní. Kataeb Hezbolá, Asaib Ahl al-Haq y la Organización Badr se presentan como guardianes de la identidad chiíta y abogan por un estado islámico donde la legitimidad religiosa prevalece sobre los mecanismos democráticos. Moqtada al-Sadr, una figura carismática y contradictoria, ilustra la ambigüedad de este bando. Heredero de una dinastía religiosa, populista y líder militar, alterna entre la oposición a las fuerzas estadounidenses, la rivalidad abierta con facciones proiraníes y la manipulación de su propia base militante. Este movimiento radical se basa en una visión según la cual el Estado debe subordinarse a la religión, la ciudadanía se jerarquiza según la afiliación religiosa y la violencia se considera un medio legítimo de regulación política. Las consecuencias son graves: fragmentación institucional, corrupción endémica, clientelismo, parálisis de las reformas y dependencia estructural de Irán.
En respuesta a esta tendencia, el chiismo liberal ofrece una interpretación completamente diferente del papel de la religión y el Estado. Sus raíces se encuentran en la tradición intelectual de Nayaf, que, ya en el siglo XIX, vio surgir a pensadores que buscaban reconciliar la fe con la modernidad. Esta visión fue brutalmente interrumpida por la represión del régimen baazista, pero sobrevivió en los círculos religiosos que defendían la autonomía del pensamiento frente a la politización. El ayatolá Ali al-Sistani, ahora la figura moral suprema de Nayaf, encarna esta corriente liberal. Su postura es clara: los líderes religiosos deben guiar las conciencias y defender los principios éticos, pero no deben gobernar directamente. Desde 19, ha fomentado la participación electoral y apoyado la redacción de una constitución democrática, al tiempo que se niega a asumir un papel político ejecutivo. Su autoridad reside precisamente en esta negativa a entrar en la arena política.
El chiismo liberal aboga por un estado civil, abierto a todos los componentes de la sociedad iraquí, ya sean chiítas, suníes, kurdos, cristianos o yazidíes. Para él, la democracia no es un producto extranjero impuesto por Occidente, sino una herramienta para garantizar la justicia, la coexistencia y la igualdad de derechos. Este movimiento rechaza la lógica de las milicias y cree que solo la consolidación de instituciones sólidas, legítimas y respetuosas de la ley puede sacar a Irak de su espiral de violencia. Su vitalidad quedó claramente demostrada durante las multitudinarias manifestaciones de 2019 y 2020. Decenas de miles de jóvenes, a menudo de familias chiítas, inundaron las plazas de Bagdad y el sur del país para denunciar la corrupción, la injerencia iraní y el sectarismo que plagan el sistema. A pesar de la sangrienta represión que costó la vida a cientos de manifestantes, este movimiento marcó una ruptura generacional y abrió un nuevo espacio de expresión. También encontró apoyo moral en las declaraciones de Sistani, quien, sin interferir directamente en la política, pidió que se escuche la voz del pueblo y que se realicen reformas de gran alcance.
Hoy en día, este enfrentamiento entre el chiismo radical y el liberal sigue siendo una de las claves del destino de Irak. El bando radical conserva una influencia considerable gracias a sus milicias armadas, su influencia institucional y el constante apoyo de Teherán. Pero el bando liberal, apoyado por jóvenes, intelectuales y parte del clero de Nayaf, encarna la aspiración a una ciudadanía inclusiva y una soberanía nacional libre de control externo. Irak se encuentra, pues, atrapado en un dilema estratégico: o permanece atrapado en un modelo teocrático inestable, sectario y dependiente, o logra emprender el difícil camino hacia el Estado de derecho, donde la ciudadanía prevalezca sobre las afiliaciones comunitarias.
Esta disyuntiva trasciende las fronteras iraquíes. Irán busca preservar su influencia apoyando al bando radical, mientras que Estados Unidos, los países del Golfo y las potencias europeas observan con preocupación la evolución de un país que sigue siendo una importante encrucijada energética y geopolítica. Turquía, atenta a la cuestión kurda, también vigila de cerca el frágil equilibrio en Bagdad. Entre la lógica de la injerencia y el deseo popular de reclamar la soberanía, Irak sigue siendo un campo de batalla político e ideológico cuyo desenlace tendrá repercusiones en todo Oriente Medio.
El futuro de Irak se jugará, por lo tanto, en esta lucha interna de poder dentro del chiismo. Si las armas y la lógica sectaria siguen dictando la ley, el país permanecerá vulnerable, fragmentado y sujeto a influencias externas. Pero si la visión liberal logra arraigarse, impulsada por una juventud que rechaza el statu quo, Irak podría convertirse en un laboratorio para una nueva forma de ciudadanía, donde la religión conserve su dimensión moral sin absorber la política, y donde la democracia deje de ser un eslogan importado y se convierta en un horizonte vivido y reivindicado. En esta tensión permanente entre dos modelos antagónicos, está en juego la promesa misma de un Irak soberano, pacífico y pluralista.
