Alemania se enfrenta a una renovada presión por parte de la UE para que comience a levantar los controles en sus fronteras internas, ya que Bruselas argumenta que las reformas migratorias y las herramientas policiales alternativas deberían permitir ahora que el espacio Schengen, donde no se requiere pasaporte para viajar, funcione con menos interrupciones para los trabajadores, las empresas y los viajeros.
La Comisión Europea ha instado a Alemania a que trabaje para eliminar gradualmente los controles en sus fronteras terrestres internas, lo que supone una prueba políticamente delicada para determinar hasta qué punto los Estados miembros están dispuestos a confiar en los sistemas comunes de migración y seguridad de la UE.
La disputa se ha agudizado a pocos días de la entrada en vigor, en junio de 2026, del nuevo marco de la UE en materia de migración y asilo. Bruselas afirma que las reformas, junto con unos sistemas fronterizos exteriores más robustos y una vigilancia basada en el riesgo, deberían reducir la necesidad de controles dentro del espacio Schengen. Berlín, por su parte, sostiene que los controles siguen siendo necesarios para combatir la migración irregular, el tráfico ilícito y las amenazas a la seguridad.
Una disputa de Schengen con consecuencias cotidianas.
Alemania ha notificado controles en sus nueve fronteras terrestres, incluidas las que mantiene con Austria, Francia, Polonia, República Checa, Suiza, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. En su Dictamen formal sobre los controles fronterizos de AlemaniaLa Comisión afirmó que Berlín debería avanzar hacia una eliminación "adaptada a las necesidades" de los controles por sección fronteriza y por nivel de amenaza, utilizando la cooperación policial, controles móviles y tecnología en lugar del control rutinario de las fronteras internas.
El problema no es meramente institucional. Los controles fronterizos internos pueden afectar a trabajadores transfronterizos, empresas de logística, familias y estudiantes en regiones donde la vida cotidiana depende de la rápida circulación entre países vecinos. La Comisión afirmó haber recibido numerosas quejas de ciudadanos y empresas, que señalaban en particular las dificultades en las fronteras germano-luxemburguesa, germano-polaca y germano-neerlandesa.
Schengen ha sido durante mucho tiempo una de las promesas más tangibles de la UE: la posibilidad de moverse por gran parte de Europa sin controles rutinarios de pasaporte. Sin embargo, los controles temporales se han vuelto cada vez más comunes, a menudo justificados por la presión migratoria, los riesgos de terrorismo o el crimen organizado. Como ya informó anteriormente European Times sobre Reforma de Schengen y libre circulaciónLos legisladores de la UE han intentado mantener los controles en las fronteras internas como medida de último recurso.
Bruselas afirma que primero deben presentarse alternativas.
La postura de la Comisión no es que Alemania no tenga preocupaciones en materia de seguridad. Su dictamen reconoce los argumentos de Berlín sobre los movimientos no autorizados, la presión sobre los servicios públicos, el contrabando y los riesgos de seguridad más amplios vinculados a conflictos fuera de la UE. Según el documento de la Comisión, las autoridades alemanas notificaron alrededor de 83,600 entradas no autorizadas en 2024 y alrededor de 63,000 en 2025.
Sin embargo, Bruselas cuestiona si los controles en todas las fronteras terrestres internas durante periodos repetidos de seis meses siguen siendo necesarios y proporcionados. Afirma que las notificaciones de Alemania no proporcionaron un análisis de riesgos suficientemente detallado para explicar por qué la amenaza debía tratarse de la misma manera en todas las fronteras, o por qué era necesaria una prolongación completa de seis meses en lugar de un enfoque más breve o específico.
El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha hecho públicamente el mismo argumento. En declaraciones recogidas por Tagesschau El sábado, afirmó que una reducción gradual de los controles fronterizos era posible y apropiada, haciendo referencia a un fuerte descenso en las cifras de solicitantes de asilo y a medidas de la UE como la protección de las fronteras exteriores y el Sistema Común de Entrada/Salida.
El argumento de Berlín en materia de seguridad sigue teniendo gran peso político.
Para Alemania, la política interna en materia de controles fronterizos es difícil de separar del debate jurídico. El gobierno presenta los controles como prueba de que está actuando contra la migración irregular y el tráfico de personas, mientras que las sentencias de los tribunales locales y el escrutinio de la UE han mantenido vivas las cuestiones de legalidad y proporcionalidad.
La Comisión también señala una dificultad práctica: el propio Comisionado de la Policía Federal de Alemania ha advertido que los controles internos generales pueden desviar recursos de las tareas policiales ordinarias y ha pedido un enfoque más adaptado a las condiciones regionales.
Este punto es importante tanto para los derechos como para la eficiencia. Cuando las medidas fronterizas se vuelven rutinarias, las personas que buscan protección pueden enfrentarse a denegaciones más rápidas, un acceso menos predecible a los procedimientos de asilo y un trato más desigual según el lugar por donde crucen. Bruselas ha recordado a Alemania que las normas de asilo y retorno de la UE siguen aplicándose en las fronteras internas donde se han reintroducido los controles.
Las próximas semanas demostrarán si el pacto migratorio otorga a la Comisión la influencia política suficiente para restablecer la confianza en el modelo de fronteras abiertas de Schengen. Si Berlín persiste en su resistencia, el dilema central de la UE seguirá sin resolverse: cómo tranquilizar a los ciudadanos en materia de seguridad sin menoscabar una de las libertades cotidianas más fundamentales de Europa.
