El Parlamento aprueba un paquete de ayuda de 144.1 millones de euros para España, Rumanía y Chipre tras los incendios forestales, las inundaciones y las olas de calor.
El Parlamento Europeo ha aprobado 144.1 millones de euros en ayuda de la UE para desastres destinados a España, Rumanía y Chipre, lo que permitirá destinar el apoyo a las comunidades afectadas por incendios forestales, inundaciones y olas de calor devastadoras en 2025. Esta votación convierte una advertencia europea ya conocida en una decisión presupuestaria: las emergencias relacionadas con el clima ya no son riesgos lejanos, sino pruebas recurrentes para los servicios públicos, los medios de subsistencia rurales y la solidaridad entre los Estados miembros.
Los eurodiputados respaldaron la publicación. La solicitud de financiación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea fue rechazada por 642 votos a favor, 13 en contra y una abstención, durante la sesión plenaria del martes en Estrasburgo.
España recibirá la mayor parte, 120.55 millones de euros, tras los graves incendios forestales de 2025. Rumanía recibirá 14.34 millones de euros a raíz de las inundaciones en varias regiones, mientras que Chipre recibirá 9.21 millones de euros tras los incendios forestales en las zonas de Limassol y Pafos.
Dinero para reparaciones, vivienda y servicios básicos.
La financiación está destinada a ayudar a sufragar las labores de emergencia y recuperación, incluida la restauración de infraestructuras y servicios públicos esenciales, las operaciones de limpieza, el alojamiento temporal y los costes relacionados con el rescate.
España y Chipre ya han recibido anticipos de 30 millones de euros y 2.3 millones de euros, respectivamente, para apoyar la recuperación inicial. La asignación total ahora brinda a las autoridades nacionales y locales más margen para reparar los daños que, en varias zonas afectadas, fueron mucho más allá de la pérdida ambiental.
Según la evaluación de la Comisión, España se enfrentó a una sequía prolongada, calor extremo y tres oleadas de incendios forestales graves en 2025, con al menos 243 incendios registrados en 16 comunidades autónomas. La oleada más destructiva comenzó el 8 de agosto y se asoció a ocho muertes.
En Rumania, las fuertes lluvias ocurridas entre finales de mayo y principios de junio provocaron inundaciones en las regiones de Centru, Sud Muntenia y Nord Est. La mina de sal de Praid fue uno de los lugares más afectados, donde las inundaciones comprometieron la infraestructura y generaron preocupación por la integridad estructural.
Chipre sufrió dos grandes incendios forestales en julio de 2025. Miles de residentes se vieron obligados a evacuar, dos personas fallecieron, cerca de 900 propiedades privadas quedaron destruidas y los servicios educativos y sanitarios se vieron interrumpidos.
Una cuestión de resiliencia más amplia
El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea está diseñado como un instrumento para la respuesta a desastres, no como un presupuesto a largo plazo para la adaptación al cambio climático. Desde 2002, ha proporcionado más de 10 millones de euros para hacer frente a desastres en los Estados miembros de la UE y los países candidatos a la adhesión.
Pero la votación del martes se produce en un momento en que los fenómenos meteorológicos extremos están ejerciendo una mayor presión sobre los sistemas de emergencia de Europa. Recientes alertas por calor extremo e incendios forestales en toda Europa. Ya se han planteado dudas sobre si los servicios sanitarios, la vivienda, el transporte, las escuelas y las infraestructuras rurales están preparados para veranos más calurosos e impredecibles.
Los casos de 2025 también evidencian la desigualdad con la que se producen los desastres. Los incendios en la España rural destruyeron medios de subsistencia y paisajes. Las inundaciones en Rumanía afectaron infraestructuras públicas y viviendas. En Chipre, los daños alcanzaron hogares, granjas, escuelas y centros de salud.
Eso hace que el fondo sea políticamente importante incluso cuando las sumas son modestas en comparación con el daño total. La Comisión aceptó estimaciones de daños directos de más de 4.3 millones de euros en España, 573.59 millones de euros en Rumanía y 252.68 millones de euros en Chipre en su propuesta de movilización.
La importancia inmediata de la votación es práctica: permite destinar fondos a la recuperación. La cuestión más amplia reside en si Europa puede combinar la solidaridad posterior a un desastre con inversiones previas en prevención, gestión del territorio, infraestructuras resilientes y protección para las personas más expuestas al calor, los incendios y las inundaciones.
Para las comunidades afectadas, esta decisión no es una partida presupuestaria abstracta de la UE. Se trata de ayuda para carreteras, viviendas, edificios públicos, servicios de emergencia y economías locales que deben volver a funcionar antes de que llegue la próxima temporada de riesgo.
